Legislación en materia de Igualdad de Género

* Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

* Canarias: Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.

* Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.

* Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

* Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

* Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo: de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.

* Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

* Orden PRE/720/2007, de 21 de marzo: "Balance 2006" sobre el desarrollo de las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y se aprueba la incorporación de nuevas medidas 2007.

* Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo: Adopción de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

* Orden APU/526/2005, de 7 de marzo: Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

* Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.

* Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

* Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.